Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, busca un nuevo amparo contra los señalamientos que hacen en su contra funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.
En su escrito, la senadora por el PAN señaló como autoridad responsable al asesor B de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a quien acusó de ser omiso al no cumplir con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar su derecho humano de presunción de inocencia.
Detalló que el servidor público emite declaraciones o manifestaciones en sus redes sociales y en medios de comunicación para exhibirla ante la sociedad como culpable de delitos enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción, respecto de los cuales no se ha demostrado, más allá de toda duda razonable y mediante sentencia firme, su culpabilidad.
Sin embargo, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Administrativa y el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal se declararon incompetentes para conocer el asunto.
Al respecto, Miguel Ángel Alpizar Santamaría, secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo, encargado del despacho precisó que la autoridad señalada como responsable se encuentra adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, motivo por el cual los actos reclamados no se atribuyen a una autoridad penal y tampoco se relacionan con un procedimiento administrativo seguido en forma de un juicio penal.
Agregó que el hecho de que Gálvez Ruiz haya señalado que la omisión reclamada deriva de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por diversos delitos, no implica que dichas manifestaciones deban analizarse a la luz de disposiciones normativas del orden penal.
Mencionó que proporcionar información en los medios de comunicación y redes sociales respecto de la probable comisión de un delito no implica una acción persecutoria del Estado que deba analizarse tomando como base las disposiciones en materia penal, pues la autoridad la que se le reclama ni siquiera tiene dentro de sus competencias la investigación de los delitos.