Ha comenzado en la Cámara de Diputados la discusión de una reforma electoral que, seamos claros, difícilmente puede traer algo bueno para México.
Esta reforma es inédita, ya que por primera vez es promovida desde el gobierno y no desde la oposición.
Incluye propuestas tan peligrosas como elegir a los consejeros electorales por voto popular o que la conformación del padrón electoral la vuelva a hacer el gobierno y no un órgano autónomo como el Instituto Nacional Electoral (INE).
A estas alturas del sexenio, parece un auténtico despropósito pensar en una reforma electoral de gran calado. Estamos a menos de un año de que inicie formalmente el proceso comicial federal.
No solamente no hay condiciones políticas, sino que podría pensarse que las modificaciones que se hicieran tendrían dedicatoria en un sentido o en otro, teniendo en cuenta que ya existen varios aspirantes que abiertamente han expresado su interés por competir por la Presidencia de la República.
Ciertamente, hay varios aspectos que se podrían revisar del sistema electoral, entre otros, el modelo de comunicación política, la propaganda gubernamental, la nulidad de elecciones por injerencia del crimen organizado, la posibilidad de segundas vueltas para la elección de gobernadores y Presidente, una mayor proporcionalidad en la composición de las Cámaras o, por qué no, una revisión de las facultades del INE en lo que respecta a las decisiones de los partidos respecto a sus candidaturas: en no pocas ocasiones la autoridad electoral ha incurrido en la espiral identitaria que desconoce que la categoría de ciudadano está por encima del grupo social al que uno pueda pertenecer.
Sin embargo, esa revisión tendrá que hacerse a inicios de la próxima legislatura.
En cualquier país del mundo, las modificaciones sustanciales a las reglas electorales se hacen con el más amplio consenso, ya que establecen las condiciones para competir por el poder.
Morena quiere imponer una legislación de forma unilateral, lo cual generaría un desequilibrio en detrimento de la equidad de la contienda o, como se dice coloquialmente, de que haya “cancha pareja”.
De 2018 a la fecha, y con las actuales reglas electorales, Morena ha ganado en 21 elecciones estatales y en la elección presidencial. Todas ellas organizadas por el INE y los Organismos Públicos Locales que, en última instancia, dependen de él.
Argumentar, por lo tanto, que la actual autoridad electoral no garantiza imparcialidad, certeza y transparencia es verdaderamente absurdo.
La pretensión de Morena, sin embargo, tiene una racionalidad clara: se quiere construir un sistema electoral que garantice la hegemonía de este partido por décadas, tal y como ocurrió durante el siglo XX con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
