En los próximos días, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirán a su nuevo presidente, el cual sustituirá a Arturo Zaldívar.
Aunque la Suprema Corte es un órgano colegiado, la presidencia tiene facultades importantes, como las de asignar los asuntos entre sus integrantes, admitir o rechazar amparos directos en revisión, dirigir los debates, proponer los nombramientos que se deban hacer en la institución o presidir el Consejo de la Judicatura Federal.
La presidencia del ministro Arturo Zaldívar estuvo marcada por su gran cercanía con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual comprometió la independencia del Poder Judicial al guardar silencio frente a los ataques del titular del Ejecutivo contra los jueces que fallaban en sentido contrario a sus intereses.
Asimismo, el ministro Zaldívar acostumbró a adoptar anticipadamente posiciones políticas sobre temas que después serían discutidos en la Corte, incurriendo en una posible conducta prevaricadora. Su activismo ideológico y su personalismo mediático causó profundo malestar entre sus propios pares y decenas de jueces.
El Poder Judicial es el que garantiza a los ciudadanos el acceso a la justicia. Sólo un juez totalmente libre puede resolver de manera imparcial y limitar los abusos del poder. Los jueces deben estar blindados frente a las presiones del poder político, económico o los llamados “poderes fácticos”.
Los gobiernos autoritarios aspiran a tener poderes judiciales dóciles para poder gobernar sin contrapesos. Por eso, la independencia del Poder Judicial es una condición indispensable para que exista una auténtica democracia y en los últimos años lo hemos podido constatar: en Brasil, los jueces hicieron frente a la trama de sobornos de Odebrecht, operada desde el más alto nivel del gobierno; en Argentina acaba de ser inhabilitada y condenada a seis años de prisión la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por otorgar obra pública a sobreprecio a la empresa de uno de sus mejores amigos.
En Perú, el Poder Judicial fue determinante para evitar el autogolpe de Estado que intentó el expresidente Pedro Castillo; en España, el Tribunal Constitucional ha paralizado un proceso legislativo impulsado por el gobierno por considerar que su tramitación vulnera los procedimientos establecidos y el derecho de los parlamentarios a debatir las propuestas.
En medio de la polarización que se vive en el país, y ante la sospecha fundada de la inconstitucionalidad de varias de las iniciativas promovidas por la mayoría gubernamental —como el llamado Plan B de la Reforma Electoral—, la renovación de la presidencia de la Corte se advierte como fundamental para la democracia, el régimen republicano y la separación de poderes.
