Esta propuesta busca mejorar la distribución de actividades gubernamentales para garantizar igualdad e inclusión social, especialmente para personas con discapacidad.
En la exposición de motivos de la iniciativa, subrayó la necesidad de adaptar estrategias y herramientas dentro de la administración pública para responder de manera efectiva a las demandas cambiantes de la sociedad.
Hizo hincapié en la atención prioritaria que el Gobierno del Estado debe brindar a personas con discapacidad, para asegurar el respeto de sus derechos y garantizar su desarrollo humano.
La iniciativa también destaca la importancia de una congruente articulación entre los instrumentos normativos y las estrategias gubernamentales en materia de desarrollo humano. Se hace referencia al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, que establece la reducción de brechas y desequilibrios sociales mediante un enfoque de derechos humanos.