Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, denunció que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México ha otorgado contratos por adjudicación directa por más de 266 millones de pesos a tres personas físicas. También que el funcionario de la Fiscalía capitalina que le ha espiado fue agente del Ministerio Público en el caso Ayotzinapa.
En una conferencia de prensa realizada en la sede de la alcaldía que encabeza, Taboada señaló la “corrupción” en la que ha incurrido la Secretaría de Salud durante la gestión de Claudia Sheinbaum entre 2018 y 2021, y denunció que encontró que esa dependencia contratos duplicados, uno por 133 millones y otro por 108 millones.
Taboada señaló a los tres contratistas que, sin experiencia en el sector salud, fueron beneficiados por la secretaría capitalina del ramo: Eduardo Salcedo Rodríguez, quien obtuvo 20 contratos por 133 millones de pesos por mantenimiento a casas de máquinas e inmuebles; Luis Ricardo Chávez Jaimes, 24 por 108 millones por mantenimiento a máquinas y lavanderías, y Brian Saed Lara Juárez, 56 por 25 millones por material médico y de limpieza.
El alcalde de Benito Juárez señaló que se trata no de empresas, sino de personas físicas, que los contratos han sido concedidos por adjudicación directa y que en ocasiones han sido por hacer los mismos trabajos de mantenimiento.
Posteriormente la Secretaría de Salud capitalina respondió que los contratos referidos por Taboada se hicieron con estricto apego a la Ley de Adquisiciones para del Distrito Federal, la que permite que las personas físicas con actividad empresarial puedan prestar sus servicios a las instituciones públicas.
La dependencia negó que hubiera contratos duplicados y explicó que durante la pandemia de Covid-19 fueron contratados servicios de mantenimiento que se prestaron al mismo tiempo en distintos hospitales.
La secretaría también contestó que varios de los contratos referidos han sido auditados por el Órgano Interno de Control, las auditorías superiores de la Ciudad de México y de la Federación, así como por la Secretaría de la Función Pública capitalina.
Una segunda denuncia presentada por Taboada fue contra José Antonio Onofre Polvo, fiscal de Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de Justicia, quien solicitó intervenir las comunicaciones del alcalde para elaborar carpetas de investigación contra él. Además, encontró que ese funcionario está vinculado con la investigación del caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El alcalde explicó que presentó un recurso legal para que Radiomóvil Dipsa, Telcel le informara quién le había solicitado información personal relacionada con su número telefónico entre junio de 2021 y junio de 2022, con el pretexto de una supuesta investigación por el delito de secuestro. El responsable de esa solicitud fue Onofre Polvo, quien después negó haber hecho esa petición, por lo que habría incurrido en el delito de mentirle a un juez federal, lo que Taboada denunciará próximamente.
Por la información presentada por Taboada, Onofre Polvo fue agente del Ministerio Público y estuvo bajo las órdenes de Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien fue titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la etapa de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Ramírez Gutiérrez fue detenido apenas el pasado 25 de junio por las acusaciones de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos. Con él trabajó Onofre Polvo.
Sobre ello Taboada dijo que funcionarios como Onofre Polvo, aunque son linchados en la conferencia de prensa presidencial, “hoy son flamantes sicarios de Ernestina Godoy y de la cuarta transformación”. Y agregó: “Esa es una parte más de la historia de lo que está pasando con una fiscalía que nos debería dar vergüenza, que saquea, que intimida”.