El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que en la alcaldía existe una alerta roja para la inversión inmobiliaria.
En conferencia de prensa, Mauricio Tabe dio a conocer que el gobierno de la CDMX tiene registrados 23 inmuebles bajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas.
Esto significa que se construyen sin que la alcaldía cuente con documentos para brindarles información a los vecinos.
Pide Mauricio Tabe esclarecer Acuerdo de Facilidades Administrativas en Miguel Hidalgo
Mauricio Tabe denunció que el Acuerdo de Facilidades Administrativas en la Miguel Hidalgo ha llevado a que el desarrollo inmobiliario en la alcaldía sea considerado de alto riesgo.
Ello, porque existen 23 inmuebles de los cuales la alcaldía no tiene ningún tipo de información, toda vez que es el gobierno de la ciudad quien centraliza los datos.
“Un desarrollo que no tiene liberado los trámites por parte del gobierno y que ya tiene en ladrillos más del 40 por ciento de la inversión, va a generar cualquier incentivo a la corrupción, y va ser objeto de la extorsión por parte del gobierno”
Así, Mauricio Tabe considera que el permitir construcciones a los desarrolladores, sin garantizarles que podrán finalizar sus proyectos, espanta las inversiones.
Del mismo modo, dijo que actualmente existen 27 solicitudes en el Congreso para el cambio de uso de suelo en Miguel Hidalgo, para las que se pronunciará negativamente si la intención es aumentar densidades, niveles, cambio de giros o la reducción del área libre.
Mauricio Tabe acusa al gobierno de la CDMX de criminalizar el desarrollo
El alcalde Mauricio Tabe acusó al gobierno de la CDMX de criminalizar el desarrollo y la actividad económica, debido al Acuerdo de Facilidades Administrativas en Miguel Hidalgo.
“Son muy buenos en el discurso que el caos inmobiliario es propiciado por las alcaldías de la oposición, pero en los hechos quienes están fomentando que se construya sin permisos, es el gobierno de la ciudad”
Finalmente, puntualizó que toda esta situación lo que está causando es una disputa política, la calificación de actividad criminal y la falta de coordinación que el gobierno ha determinado que impere en la actividad económica.