En los próximos días se elegirán cuatro nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos a quien lo presidirá, que por disposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será una mujer.
Pareciera que Morena y el gobierno han preparado minuciosamente una estrategia para quedarse con esos cuatro espacios.
Esta estrategia ha consistido, fundamentalmente, en la inscripción al proceso de decenas de personas totalmente afines y, previo a ello, la cooptación del Comité Técnico de Evaluación, el cual se ha encargado de diseñar, aplicar y calificar los exámenes y las entrevistas.
En ese Comité, cinco de los siete integrantes tienen vínculos políticos e ideológicos muy estrechos con Morena y con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los 92 finalistas hay personajes con muy buena trayectoria, prestigio y conocimientos del tema electoral, pero hay también al menos 20 que tienen una abierta militancia morenista.
Existe el riesgo de que el Comité Evaluador arme quintetas (el paso final para que los diputados elijan un integrante de cada una de ellas o si no, se haga una insaculación) tanto para consejeros como para la presidencia con aspirantes que no garanticen la imparcialidad y la neutralidad indispensables en el árbitro electoral.
Claramente pareciera que Morena y el gobierno pretenden repetir en el INE el triste modelo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde impusieron como presidenta a una incondicional, Rosario Piedra.
En estos más de tres años, la señora Piedra prácticamente no ha alzado la voz ante los casos de personas desaparecidas, el asesinato de periodistas, la violencia contra las mujeres o la militarización de la Guardia Nacional, sino que se ha convertido en defensora y hasta propagandista del gobierno, al grado de respaldar su propuesta de Reforma Electoral y de participar en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador.
¿Queremos eso para el INE?
Si bien es cierto que el INE es un órgano colegiado, las atribuciones de la presidencia no son menores: entre otras, conduce las sesiones del Consejo General; propone al
secretario ejecutivo, a los directores y a los titulares de las unidades técnicas; propone el anteproyecto de presupuesto del Instituto; y da a conocer los resultados de las encuestas de salida el día de la jornada electoral.
Sería verdaderamente distópico pensar en una presidencia del Instituto Nacional Electoral que se la pasara elogiando al gobierno, descalificando a sus adversarios, coartando la libertad de expresión de los opositores durante la campaña electoral, o nombrando en los principales cargos de la institución a militantes de Morena. Ese peligro es real.
Hay que alzar la voz para evitarlo.