Lo ha dicho en innumerables ocasiones: Andrés Manuel López Obrador considera que su movimiento supone un parteaguas en la historia de México. Cuando habla de Cuarta Transformación está hablando de una epopeya al mismo nivel de la Independencia, la reforma o la Revolución.
López Obrador se concibe como el sucesor legítimo de Hidalgo, Juárez y Madero. Imagina su nombre escrito con letras de oro en los frontispicios legislativos y su dibujo engalanando los murales de los principales edificios públicos.
Por esta misma razón es que estima indispensable que su movimiento se perpetúe. Está intentando sentar las bases para un nuevo régimen que dure décadas. Por ningún motivo puede permitirse entregarle el poder en 2024 a sus adversarios, a los que ha denominado genérica y despectivamente como “los conservadores”.
El Presidente desea un sucesor totalmente incondicional. El propio AMLO escribió alguna vez (véase su libro El poder en el trópico) que el mayor error de Lázaro Cárdenas fue dejarle el poder a un presidente conciliador como Manuel Ávila Camacho y no a uno que radicalizara su legado, como Francisco J. Múgica. Pareciera claro que López Obrador se decantará por alguien que le garantice lealtad absoluta, aun cuando él ya no esté en la Presidencia.
La propuesta de reforma electoral de AMLO va precisamente en ese sentido. Busca exterminar al INE autónomo y tener una autoridad electoral afín a su proyecto ideológico. Pero no perdamos de vista otro escenario: si esa reforma no es aprobada, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados buscará reducir drásticamente el presupuesto del órgano electoral para la elección presidencial de 2024, a fin de volver materialmente imposible el cumplimiento de su función constitucional de organizar las elecciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Hoy tenemos un Ejército cada vez más empoderado y una Guardia Nacional cada vez más partidizada y con su máxima autoridad participando en eventos de Morena. Sin embargo, parece muy remota la posibilidad de una intervención de las Fuerzas Armadas para propiciar un gobierno de López Obrador más allá de 2024, con el pretexto de que el pueblo así lo quiere (de ahí la importancia de que fracase la Consulta de Revocación).
La apuesta del Presidente más bien parece ser una suerte de Maximato mediante una legislación electoral totalmente a modo o un debilitamiento presupuestal que, en los hechos, implique la destrucción del INE y evite elecciones libres y justas.
Lo anterior significaría retroceder más de 40 años, echar por tierra la transición a la democracia y eliminar una institución perfectible, pero necesaria, como el instituto electoral. Está en la mayoría de los mexicanos impedirlo.
Por: Fernando Rodríguez Doval.
